La Armada de República Dominicana, conjuntamente con la Fuerza Aérea, mantienen activas las labores de búsqueda de dos ciudadanos dominicanos desaparecidos a bordo de la embarcación de pesca "VANEISY".

De acuerdo con los registros, la embarcación, de 19.5 pies de eslora y color blanco con azul, zarpó el miércoles 13 de agosto de 2026 a las 06:00 de la mañana desde el puerto "La Barca", en San Pedro de Macorís. Era capitaneada por el señor Alex Cuba Mañón y llevaba un tripulante a bordo. El retorno estaba previsto para las 06:00 p.m. del mismo día, al no reportarse su arribo, se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda.

En respuesta a la alerta, la Armada desplegó unidades navales de superficie y activó la coordinación con otros organismos. Así también se están llevando a cabo  operaciones conjuntas  en la que actúa una  aeronave, FARD, para ampliar la caja y patrón de búsqueda. Por lo que se mantiene un rastreo continuo por mar, aire y tierra en las jurisdicciones correspondientes. 

La institución mantiene activada la Alerta y la coordinación permanente con las capitanías de puerto y organismos de socorro para ampliar el radio de rastreo.

"La protección de la vida humana en el mar es una prioridad institucional", señaló la Armada.

La institución exhorta a los usuarios de las embarcaciones que navegan por la zona y a la ciudadanía a reportar cualquier información que contribuya a la localización de la embarcación y sus tripulantes a las distintas Capitanías de Puertos.

 Santo Domingo.– El bloque del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el Senado de la República seleccionó como su nueva vocera a la representante de la provincia Hermanas Mirabal, María Mercedes Ortiz Diloné. Mientras que Gustavo Lara, de San Cristóbal, fue designado como vice vocero.

La decisión fue adoptada mediante un consenso durante una reunión de los representantes del partido oficialista, previo al inicio de la legislatura ordinaria 2026-2027, que presidirá Ricardo de los Santos, quien fue reelecto en el cargo.

Ortiz Diloné, además, ocupa la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, desde donde ha jugado un rol preponderante en los ámbitos legislativo y diplomático.

Tras ser electa, Ortiz Diloné agradeció el respaldo de sus colegas senadores y se comprometió a desempeñar una vocería en defensa de los mejores intereses del país, de la gente de su provincia y de la organización política que representa en el Senado.

Como parte de su gestión, la representante de Hermanas Mirabal figura entre las más productivas, con más de 40 propuestas legislativas, así como varias leyes y resoluciones de su autoría aprobadas por el pleno senatorial.

Entre estas iniciativas se encuentra la modificación de la Ley 176-07, Orgánica del Distrito Nacional y los Ayuntamientos, en lo referente a la sucesión en el nivel municipal.

También fue convertido en ley el proyecto que declara a su amada provincia Hermanas Mirabal como Provincia Ecoturística.

Asimismo, logró la aprobación de la ley que dispone la protección del Festival Cultural de la provincia Hermanas Mirabal, así como de decenas de importantes resoluciones.

Su compromiso legislativo también se evidencia en su asistencia a la Cámara Alta, donde registra un 100 % de cumplimiento, además de destacarse en las comisiones de trabajo de las que forma parte.

  

De igualarse la tasa con la de El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Malasia, el sector exportador dominicano podría ahorrar hasta US$182 millones al año (10 mil 920 millones de pesos), en costo de exportación, con impacto positivo directo en los productores y exportadores de dispositivos médicos y farmacéuticos, tabaco, agroindustria, call centers, bebidas alcohólicas, plásticos y calzado.

El senador Félix Bautista sometió al Senado de la República la Ley de Prevención y Prohibición de Importación de Mercancías y Bienes Producidas Mediante Trabajo Forzoso, como vía para que la República Dominicana pueda negociar con Estados Unidos la reducción del arancel adicional que le impuso el Representante Comercial de ese país (USTR) al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, y equipararse así a los socios comerciales que ya redujeron su tasa de 12.5 % a 10 %, por haber adoptado medidas legales para prohibir la entrada en sus territorios mercancías producidas mediante el trabajo forzoso. Así mismo, solicitó al Lic. Luis Rodolfo Abinader Corona, en su condición de presidente del PRM, para que dé instrucciones a sus legisladores para que aprueben esta ley en el menor tiempo posible.

Puso como ejemplo que, en el sector de Zona Franca, hay 40 empresas que producen dispositivos médicos y farmacéuticos y exportaron a Estados Unidos en el año 2025 el 72.2 % de su producción. Ahora, en lugar de pagar un arancel de 10%, cuando la mercancía entra al mercado norteamericano, como lo paga México, tendrán que pagar un 12.5%. Esa diferencia del 2.5% respecto de México, el cual produce lo mismo, afecta la competitividad de los fabricantes dominicanos y puede incentivar la migración de esas empresas hacia México o a otros países, cuyos costos de exportación se sitúen en el 10%, lo que afectaría la generación de divisas para el país y la pérdida de empleos para los dominicanos.

“El diferencial de 2.5 puntos porcentuales que hoy paga la República Dominicana frente a países como El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Malasia no es un castigo permanente: es una condición que se revierte con la aprobación de un instrumento legal claro. De aprobarse esta ley, estaríamos en condiciones de solicitarle a los Estados Unidos en el marco de las negociaciones diplomáticas, que eliminen el 2.5%, como lo han hecho con otros países. De esta manera, aseguramos la competitividad de las exportaciones dominicanas que ingresan al mercado de Estados Unidos de los exportadores de dispositivos médicos y farmacéuticos, tabaco (fabricación de cigarros y sus derivados), agroindustria, call centers, bebidas alcohólicas, plásticos y calzado, y con ellos, los empleos de cientos de miles de dominicanos”, puntualizó el legislador.

El senador Bautista anunció que dará seguimiento al proyecto de ley en las comisiones correspondientes del Senado y la Cámara de Diputados y sostendrá encuentros con los sectores exportadores, las zonas francas y las autoridades del Poder Ejecutivo vinculadas a la materia —Dirección General de Aduanas, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes y Ministerio de Relaciones Exteriores—, para que pueda aprobarse la ley que presentó al senado de la República sobre Trabajo Forzoso, con miras a que la República Dominicana pueda en el menor tiempo posible, acogerse a la tasa de 10 % ya reconocida a otros socios comerciales de Estados Unidos.

Según el legislador por San Juan, el criterio que separó a los socios comerciales en dos grupos arancelarios fue si la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) reconoció, o no, la adopción y aplicación eficaz de una prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso. El Salvador, Guatemala, Honduras y México reforzaron ese régimen mediante ley o marco jurídico vinculante en sus respectivos sistemas aduaneros, mientras que Malasia debió someterse a auditorías independientes y transformar sus estándares de cumplimiento laboral para que Estados Unidos levantara las restricciones a sus exportaciones. Si bien es cierto que, en la República Dominicana, el Decreto núm. 502-26 del 23 de julio de 2026 estableció un procedimiento administrativo transitorio para prohibir la importación de mercancías producidas mediante trabajo forzoso, no es suficiente, se hace necesario aprobar un marco jurídico que responda al estándar de «adopción y aplicación eficaz» que han establecido países que han logrado eliminar el 2.5%.

El proyecto de Ley de Prevención y Prohibición de Importación de Mercancías Producidas Mediante Trabajo Forzoso, que Bautista impulsa en el Senado, contempla, entre otros aspectos:

•  Objeto y ámbito: prohíbe la importación al territorio nacional de mercancías producidas, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, y regula asimismo la trazabilidad de las cadenas de suministro de exportación dominicanas (artículos 1, 4 y 5).

•  Autoridades competentes: la Dirección General de Aduanas (DGA) tramita el procedimiento y adopta las decisiones de prohibición; el Ministerio de Trabajo actúa como autoridad técnica para evaluar la existencia de trabajo forzoso (artículo 6).

•  Declaración jurada del importador en la Declaración Única Aduanera (DUA) sobre su conocimiento razonable de la existencia de trabajo forzoso en la mercancía importada (artículo 7).

•  Plazos ciertos: procedimiento administrativo de un máximo de 90 días hábiles (hasta 100 con prórrogas), con 15 días para el importador, 45 días para el informe técnico del Ministerio de Trabajo y 15 días para la decisión final de la DGA (artículo 10).

•  Vinculatoriedad asimétrica del informe técnico del Ministerio de Trabajo: vincula a la DGA cuando concluye que existe trabajo forzoso; cuando concluye lo contrario, la DGA puede apartarse solo con evidencia independiente suficiente y decisión motivada (artículo 11).

•  Medidas provisionales —incluida la retención temporal de la mercancía— por un máximo de 45 días hábiles, prorrogables por 30 días adicionales, con derecho a indemnización si la medida se levanta sin determinación de trabajo forzoso (artículo 13).

•  Un Registro Público de Prohibiciones de Importación por Trabajo Forzoso, accesible en línea, con reservas para proteger a las víctimas y la información confidencial (artículo 14).

•  Un procedimiento de revisión por remediación efectiva, que permite levantar la prohibición cuando se acredite el cese del trabajo forzoso, la reparación a las víctimas y medidas estructurales de no repetición (artículo 16).

•  Un régimen sancionador por declaración falsa, con multas de 5 a 100 salarios mínimos del sector público y suspensión del registro de importador de 6 meses a 2 años en los casos más graves (artículo 17).

•  Obligaciones de debida diligencia y trazabilidad reforzada para exportadores dominicanos en sectores de riesgo —textil, agrícola, pesquero, minero y de construcción, entre otros que se designen— (artículo 21).

El proyecto deroga, con efecto diferido a la entrada en vigor de su reglamento, el Decreto núm. 502-26, y establece que entrará en vigor a los 90 días de su publicación en la Gaceta Oficial (artículos 24 y 27).

EL CONTEXTO: LA SECCIÓN 301 Y LA CLASIFICACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, haciendo uso de la facultad que le otorga la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, dispuso una acción arancelaria dirigida a los socios comerciales que, tras 60 investigaciones del USTR concluidas en junio de 2026, no habían adoptado o no aplicaban eficazmente una prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso. La medida se publicó el 23 de julio de 2026, entró en vigor el 24 de julio a las 00:01 (hora del Este) y otorgó un período de gracia hasta el 28 de julio para la mercancía ya en tránsito marítimo. La estructura arancelaria resultante distingue dos grupos: una tasa de 10 % para los 17 socios —entre ellos El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Malasia— a los que el USTR reconoció compromisos de adopción y aplicación eficaz de la prohibición, y una tasa de 12.5 % para los 43 socios restantes, grupo en el que quedó incluida la República Dominicana junto a Costa Rica, Colombia, Perú, Brasil y China, entre otros.

La única mitigación estructural disponible —la exención para la confección textil, condicionada al cumplimiento de las reglas de origen del CAFTA-DR— beneficia por igual a la República Dominicana y a sus competidores centroamericanos, por lo que no corrige el diferencial de 2.5 puntos porcentuales en el resto de la oferta exportable, y en particular en los dispositivos médicos y farmacéuticos, la principal categoría individual de exportación dominicana hacia Estados Unidos, para la cual no se identificó ninguna exención sectorial.

EL COSTO DEL DIFERENCIAL Y LOS SECTORES EN JUEGO

Según la metodología empleada en el análisis, el diferencial de 2.5 puntos porcentuales entre el 12.5 % aplicado a la República Dominicana y el 10 % reconocido a los socios con cumplimiento efectivo representa un costo anual estimado de entre US$127 millones y US$182 millones para el sector exportador dominicano. Cerrar esa brecha —llevando la tasa dominicana al mismo 10 % que ya obtuvieron El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Malasia— equivaldría a un ahorro de hasta US$182 millones al año para los exportadores del país.

Ese ahorro beneficiaría de manera directa a los sectores de mayor peso en la inversión acumulada de las zonas francas de exportación: los dispositivos médicos y farmacéuticos (25.1 % de la inversión acumulada), el tabaco y sus derivados (24.7 %), la agroindustria (6.9 %), los call centers (5.6 %, servicios), las bebidas alcohólicas (2.6 %), los plásticos (2.5 %) y el calzado (2.3 %), entre otros renglones no cubiertos por la exención textil del CAFTA-DR.

El senador Bautista subrayó, además, que el 30.0 % de las 843 empresas de zonas francas registradas al cierre de 2024 —253 en total— son de capital estadounidense, por lo que el arancel también encarece las operaciones de inversionistas de Estados Unidos instalados en el país, un argumento adicional a favor de una negociación bilateral y una alerta frente al riesgo de que esas empresas trasladen operaciones hacia socios ya gravados con 10 %.

EL RESPALDO ECONÓMICO DE LA PROPUESTA

Detrás de la iniciativa está el peso del mercado estadounidense en la economía exportadora dominicana. Las exportaciones totales del país alcanzaron US$14,645 millones en 2025, un 13.4 % más que en 2024, y Estados Unidos absorbe entre el 52.5 % y el 53.5 % de ese total, según el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes (MICM). Las zonas francas —motor principal de esa relación— exportaron US$8,425.9 millones en 2024, de los cuales US$6,117.2 millones (72.6 %) tuvieron como destino Estados Unidos, proporción que se mantuvo en 73.5 % durante el primer trimestre de 2026, según el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE).

Ese sector sostiene 196,709 empleos formales directos a febrero de 2026, el 54 % ocupados por mujeres, de acuerdo con el CNZFE. Preservar y ampliar esa base productiva y de empleo, sostiene Bautista, depende en buena medida de que la República Dominicana logre la misma condición arancelaria que ya obtuvieron sus competidores directos en dispositivos médicos y otros renglones de exportación.

 

 

 

DATOS CLAVE

Arancel actual aplicado a RD (Sección 301)	12.5 %
Arancel para socios con cumplimiento reconocido	10 % (El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Malasia, entre otros)
Diferencial arancelario	2.5 puntos porcentuales
Costo anual estimado del diferencial para el sector exportador dominicano	Entre US$127 millones y US$182 millones
Exportaciones totales de RD (2025)	US$14,645 millones (+13.4 % interanual)
Participación de EE. UU. en las exportaciones dominicanas	Entre 52.5 % y 53.5 % (MICM)
Exportaciones de zonas francas a EE. UU. (2024)	US$6,117.2 millones (72.6 % del total de zonas francas)
Empleos formales en zonas francas (feb. 2026)	196,709 (54 % ocupados por mujeres)
Empresas de zonas francas de capital estadounidense	253 de 843 (30.0 %)

 

¿Cuáles son los 43 países que la USTR, amparada en la Sección 301 de 1974, estableció que no cuentan con un marco legal suficiente para prohibir y hacer cumplir la prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso?

 

1. Argelia	16. Brasil	31. Marruecos
2. Guyana	17. Japón*	32. Turquía
3. Angola	18. Sudáfrica	33. Nueva Zelanda
4. Perú	19. Corea del Sur*	34. Emiratos Árabes Unidos
5. Hong Kong	20. Kazajistán	35. Egipto
6. Filipinas	21. Chile	36. Nicaragua
7. Australia	22. Kuwait	37. Nigeria
8. Catar	23. Suiza*	38. Uruguay
9. Bahamas	24. China	39. Unión Europea*
10. Rusia	25. Libia	40. Noruega
11. Baréin	26. Taiwán*	41. Venezuela
12. Irak	27. Colombia	42. Omán
13. Arabia Saudita	28. Tailandia	43. Vietnam
14. Israel 15. Singapur	29. Costa Rica 30. República Dominicana

 

 

 

¿Cuáles son los 17 países que establecieron marcos legales rigurosos para impedir la entrada a sus territorios de mercancías y bienes producidos en países donde hay trabajo forzoso?

Según el comunicado oficial de la USTR del 23 de julio de 2026, estas 17 economías (i) imponen una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, (ii) se comprometieron a hacerlo mediante un Acuerdo de Comercio Recíproco con Estados Unidos, o (iii) cuentan con un régimen parcial que impide efectivamente la entrada de ciertos bienes producidos con trabajo forzoso. Por ello reciben la tasa arancelaria preferencial del 10% bajo la Sección 301, la más baja del esquema.

 

1. Argentina	7. Guatemala	13. México
2. Bangladés	8. Honduras	14. Pakistán
3. Camboya	9. India	15. Sri Lanka
4. Canadá	10. Indonesia	16. Trinidad y Tobago
5. Ecuador	11. Jordania	17. Reino Unido
6. El Salvador	12. Malasia

 

Nota: Guatemala y Honduras adoptaron formalmente su prohibición de importación de bienes producidos con trabajo forzoso durante el desarrollo de la investigación (entre marzo y julio de 2026), lo que les permitió pasar al grupo final de tasa preferencial del 10%.

 

Senador Félix Bautista

Senado de la República Dominicana

 Este nuevo hito consolida la implementación de la Facturación Electrónica en el país

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que ha recibido más de 2,000 millones de Comprobantes Fiscales Electrónicos (e-CF). Asimismo, indicó que el 72% del total de comprobantes fiscales recibidos durante los primeros seis meses de 2026 corresponde a facturas generadas electrónicamente, un logro que evidencia el avance de la transformación digital tributaria y el éxito en el proceso de implementación de la Facturación Electrónica.

La institución también indicó que actualmente se encuentran autorizados más de 80 mil contribuyentes como emisores electrónicos, consolidando el avance de la Facturación Electrónica y evidenciando la creciente adopción registrada durante el año,

“Este crecimiento demuestra el interés de los contribuyentes de los sectores empresariales y profesionales en aprovechar las facilidades dispuestas para completar oportunamente su proceso de implementación”, expresó Pedro Porfirio Urrutia, director general de la DGII, mediante comunicado de prensa.

Del total de emisores electrónicos, aproximadamente el 64% han optado por utilizar el Facturador Gratuito, herramienta desarrollada internamente, que permite la emisión de los comprobantes electrónicos de manera sencilla y libre de costo, hasta 150 facturas al mes.

Actualmente, como parte de esta facilidad los contribuyentes que optan por el Facturador Gratuito pueden obtener un certificado digital sin costo por un año, facilitándoles la entrada a las Pymes y las Personas físicas en esta modalidad.

Asimismo, la DGII resaltó que el crecimiento de la Facturación Electrónica ha venido acompañado de una expansión del ecosistema de proveedores autorizados, contando con un total de 190 que colocan a la disposición de los contribuyentes una amplia oferta de soluciones tecnológicas para facilitar la incorporación al sistema.

La DGII reiteró que los contribuyentes identificados como Pequeños, Micros y No Clasificados disponen de una prórroga hasta el 15 de noviembre de 2026 para completar su incorporación al sistema, en virtud del Aviso 06-26, conforme a las disposiciones de la Ley número 32-23 de Facturación Electrónica y su Reglamento de Aplicación, contenido en el Decreto número 587-24.

La institución reafirmó su compromiso de continuar acompañando a los contribuyentes mediante programas de capacitación, asistencia técnica y herramientas tecnológicas que faciliten la adopción a la Facturación Electrónica, contribuyendo al fortalecimiento de la Administración Tributaria, la competitividad empresarial y la modernización del país.

 

Santo Domingo, D.N. - El presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), Antonio Marte saludó la designación del General Juan Manuel Méndez García como nuevo director Ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRANT.

Sostuvo Marte que esa designación augura nuevos tiempos de diálogo, soluciones y orden para el transporte público de pasajeros, así como del tránsito y la movilidad terrestre en la República Dominicana.

"Desde CONATRA, principal federación del transporte del país, extendemos nuestra mano amiga y nuestra voluntad de trabajo conjunto. Estamos convencidos de que unidos, Estado y transportistas, podemos construir un sistema de movilidad más seguro, humano y eficiente para toda la gente", dijo el presidente de Conatra.

Marte reiteró el compromiso que tiene Conatra de seguir siendo un aliado estratégico para de esa forma devolver la dignidad al chofer dominicano y el orden en la movilidad terrestre del país.

"Desde Conatra, hoy estamos felicitando al General Juan Manuel Méndez por su designación al frente del Intrant y desde aquí, nos ponemos a su disposición de colaboración en busca de mejorar la situación del tránsito vehicular del país, que como todos sabemos sigue caótica. 

Antonio Marte auguró éxitos al general Méndez García en esta nueva función, de la que dijo "estamos seguro que juntos construiremos soluciones, orden y esperanza para el transporte público y el tránsito de nuestro país".

Señaló Marte que las  federaciones del transporte "estamos listas para trabajar de la mano con el INTRANT por un país que se mueva mejor.

Señalo que "vemos en esta designación la oportunidad de abrir una nueva página. Una página donde impere el diálogo, el respeto y las soluciones reales a los problemas históricos del transporte y el tránsito".

Marte dijo que los hombres y mujeres del volante estan listos para aportar su experiencia, para juntos lograr el orden que la ciudadanía demanda, sin perder el rostro humano que merece el pueblo dominicano.

Antonio Marte dijo que su gran deseo es que ésta sea la gestión del entendimiento y Conatra pone a disposición toda su estructura nacional para trabajar por ese objetivo.

Recordó que el país conoce las grandes realizaciónes y manejo de crisis que desde la comisión de Emergencia y su trayectoria en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) ha ejecutado el nuevo director del Intrant.

 

Con esta nueva posición el Senador Fulcar sigue poniendo en alto el nombre de su provincia

SANTO DOMINGO, RD. — El senador por la provincia Peravia, Julito Fulcar Encarnación, fue juramentado este domingo 16 de agosto como vicepresidente del Senado de la República, durante la instalación del nuevo bufete directivo de la Cámara Alta para la legislatura que inicia este domingo.

Fulcar asumió esta nueva responsabilidad luego de ser escogido por la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para ocupar la Vicepresidencia del Senado, posición que lo integra a la conducción de uno de los principales órganos del Poder Legislativo.

Con su juramentación, Peravia pasa a tener una representación directa en la dirección de la Cámara Alta, al tiempo que Fulcar consolida una trayectoria que combina la educación, el cooperativismo, el liderazgo social y la actividad legislativa.

Una trayectoria construida desde la educación

Julito Fulcar inició su formación en la Escuela Básica de La Rancha, en El Cercado, y posteriormente cursó estudios en el Liceo Secundario Luis Guarionex Landestoy. Más adelante obtuvo el título de Maestro Normal Primario en la Escuela Normal Urania Montás, de San Juan de la Maguana, profesión que ejerció durante más de tres décadas   de vida laboral en el municipio de Baní y a nivel superior en Santo Domingo. 

Su preparación académica continuó con estudios superiores que le permitieron obtener las licenciaturas en Educación y Ciencias Agrícolas, además del título de Ingeniero Agrónomo. Posteriormente realizó una especialidad y una Maestría en Educación, con orientación en Planificación y Gestión Educativa. En la actualidad cursa un Doctorado en Ciencias de la Educación. 

También ha realizado numerosos diplomados, cursos y programas de formación tanto en República Dominicana como en el extranjero, especialmente vinculados con la economía asociativa, el cooperativismo, la responsabilidad social, la planificación, la resolución de conflictos y el liderazgo.

Una de las facetas más destacadas de la trayectoria de Fulcar ha sido su liderazgo dentro del movimiento cooperativo dominicano y latinoamericano.

Fue presidente del Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP) durante más de dos décadas y actualmente ostenta la condición de presidente ad vitam de esa organización. Asimismo, presidió en dos ocasiones la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica (CCC-CA). 

También fue presidente y actualmente es asesor de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA), institución desde la cual desarrolló una importante labor vinculada al sector cooperativo y educativo. 

Su trayectoria en esta área le ha valido cientos de reconocimientos nacionales e internacionales y lo ha llevado a participar como conferencista en República Dominicana y en distintos países de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. 

Experiencia en el Congreso Nacional

Antes de llegar al Senado, Fulcar desarrolló una amplia experiencia parlamentaria en la Cámara de Diputados, donde representó a la provincia Peravia y posteriormente se desempeñó como vocero del bloque de diputados del PRM.

En agosto de 2024 asumió como senador de Peravia, responsabilidad desde la cual ha impulsado su agenda legislativa y la representación de los intereses de la provincia en la Cámara Alta. 

Como senador, además, ha colocado entre sus temas de interés el fortalecimiento y modernización del sector cooperativo, incluyendo iniciativas orientadas a actualizar el marco legal que regula las cooperativas en el país.

Un nuevo reto en la Cámara Alta

La llegada de Julito Fulcar a la Vicepresidencia del Senado representa un nuevo capítulo en su carrera pública y eleva la presencia de Peravia en la estructura de dirección del Congreso Nacional.

Desde esta posición, el legislador tendrá entre sus responsabilidades acompañar al presidente del Senado en la conducción de los trabajos de la Cámara Alta y participar en las decisiones institucionales propias del órgano legislativo.

Con una carrera que se ha extendido desde las aulas hasta el liderazgo cooperativo y, posteriormente, al Congreso Nacional, Fulcar inicia esta nueva etapa respaldado por más de tres décadas de experiencia profesional, social, cooperativista y legislativa, convirtiéndose en uno de los dirigentes de origen peraviano con mayor presencia en la vida institucional del país.

La juramentación de este domingo marca así un momento significativo para la provincia Peravia, que tendrá a uno de sus representantes formando parte de la conducción del Senado de la República durante la nueva legislatura.