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junio 26, 2018
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Santo Domingo.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) llamó ayer a los partidos políticos a valorar la resolución de la Junta Central Electoral (JCE) que ordena la suspensión de todas las actividades proselitistas de los aspirantes a las elecciones del 2020.
El vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaños Guzmán, dijo que es una buena oportunidad de iniciar el proceso de regularización de la actividad proselitista y electoral por parte de la JCE, órgano constitucional en esta materia.
Manifestó que el acatamiento de la Resolución del Pleno de la JCE, recogida en el Acta 12-2018, puede ayudar a que se inicie una nueva etapa, caracterizada por la acción responsable de un órgano como la JCE, que fue ampliamente criticado en el pasado por su inacción o falta de razonabilidad de sus actuaciones.
Consideró que el sistema democrático del país requiere la aplicación de regulaciones que puedan garantizar los principios que permiten denominar al país como un Estado Social y Democrático de Derecho.
Respeto a la Constitución
Declaró que el avance en materia electoral es inminente, no sólo con la promulgación de leyes y reglamentos, que a su juicio son muy importantes, sino “con la instauración de una cultura política de respeto a la Constitución, expresada en la propia institucionalidad nacional”.
Indicó que es indudable, como han enfatizado múltiples organizaciones, sectores y personas, que la discusión sobre la resolución de la JCE no tendría razón de ser si el órgano electoral contara con una Ley Electoral coherente con la Constitución del 2010 y los partidos y agrupaciones políticas estuvieran sometidos al control mediante una ley moderna, como la que exige toda la sociedad desde hace más de 20 años.
Expresó que la discusión debe girar en torno a si los presupuestos que estableció la JCE en su decisión representan o no controles institucionales para el orden democrático y pueden contribuir a actuar como garantías de un torneo electoral justo y con amplia participación de la ciudadanía en este proceso.
Señaló que la resolución de la JCE puede tener diversas lecturas, una que la prohibición de todo tipo de reuniones y actividades proselitistas en este período representaría una violación a la libertad de reunión, que es un derecho fundamental consagrado constitucionalmente.
“Consideramos que esta Resolución debe ser comprendida como una oportunidad para garantizar una competencia político-electoral en condiciones de igualdad, como base del sistema democrático”, enfatizó Castaños Guzmán.
Precisó que las decisiones de la JCE deben ser establecidas en un ámbito espacial y temporal específico, a quiénes afectaría y en qué momento.
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