El Comité Intersindical de la Mujer Trabajadora (CIMTRA), perteneciente a las 3 centrales sindicales dominicanas: Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), Confederación Autónoma[i] Sindical Clasista (CASC) y Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), hizo un llamado a los y las diputadas para que aprueben la resolución que adopta el convenio 156 de la organización Internacional del Trabajo (OIT) agendado en la sesión de este marte de dicha cámara.
El convenio 156 de
la OIT trata sobre la conciliación de las responsabilidades familiares con el
trabajo remunerado. Es una norma que promueve la igualdad en los
cuidados entre trabajadores y trabajadoras y en su aplicación contribuirá para
que los adultos que trabajan hombres y mujeres por igual obtengan permisos y
licencias en igualdad para la atención y cuidado de los miembros de las
familias que los necesitan, en caso de hacerlo ley.
El costo de su
aplicación recae en la seguridad social y en los presupuestos de políticas
públicas del Estado y su vigencia contribuye a abordar la gran deuda social en
el ámbito laboral y que busca cerrar algunas de las brechas de discriminación
contra las mujeres para la igualdad de género.
La discriminación en el trabajo afecta seriamente las
oportunidades de empleo y trato a las mujeres trabajadoras, desconociéndose el rol que tienen hoy en día las mujeres que
también son proveedoras como los
hombres y que necesitan protección
social para ellas y sus familias con participación parental igualitaria y que como cuidadoras no remuneradas, tienen la carga solas de llevar la atención de los hijos/as, padres envejecientes,
familiares en discapacidad y labores conexas del hogar, aun cuando la
constitución dice que: “El Estado reconoce el trabajo del hogar como
actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar
social, por lo que se incorporará en la formulación y ejecución de las políticas
públicas y sociales”. Art.55, letra 11.
Sin
embargo 31.2 horas a la semana dedican las
mujeres al trabajo no remunerado en comparación con los hombres, que solo
dedican 9.6 horas,” según datos que ofrece estudio publicado por la ONE, sin
que las políticas públicas hayan contribuido a hacer el reconocimiento
constitucional a la mujer en esa labor tan importante para la productividad.
Un estudio realizado
en República Dominicana por el Director Académico del Observatorio de
Responsabilidad Familiar Corporativa (Barna Management School ), en el 2014 y
determina que apenas el 12% de las
empresas en República Dominicana tenía un entorno enriquecedor para la
integración del trabajo, la familia y la vida personal. El 27% tenía un entorno
favorable, que facilitaba de manera ocasional la conciliación.
En contraste, el 47%
de las empresas tenía un entorno laboral que dificultaba la integración de
estos ámbitos de la vida y en el 14% el entorno resultaba contaminante,
dificultando sistemáticamente la conciliación.
En el estudio que
hizo la OIT conjuntamente con el PNUD Trabajo y familia (2009) el cual se
propone fortalecer las capacidades de los países para formular y ejecutar
políticas, reformas legales y otras medidas que promuevan la conciliación de la
vida laboral y familiar.
Se establece que es
al Estado le compete la responsabilidad de velar por el buen funcionamiento de
la sociedad y el efectivo ejercicio de los derechos ciudadanos. El Estado tiene
un rol en la forma en que se reparte socialmente el trabajo. A través de sus
políticas públicas, instituciones y la producción simbólica, contribuye a
reproducir una cierta forma de distribuir el trabajo productivo y reproductivo
entre hombres y mujeres.
Ante las dificultades para laborar en doble jornada que enfrenta la mujer en la producción y con miras a que en la estructura organizativa del trabajo , se generen los cambios necesarios para adecuar la conciliación familiar con perspectiva de los géneros tomando en consideración sus condiciones productivas y reproductivas, el Comité Intersindical de la Mujer Trabajadora (CIMTRA/CNTD/CASC/CNUS) se propone lograr que haya una legislación nacional que asegure la debida protección social de manera que padres, madres e hijos adultos que trabajan asuman conciliar las responsabilidades familiares con el trabajo, reconociendo que las trabajadoras son proveedoras igual que los trabajadores y por tanto el cuidado de las familias es responsabilidad de ambos.
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